Veinte años de atención residencial: avanzamos en derechos, no en condiciones

Han pasado dos décadas en las que la atención residencial se ha transformado a fondo, y sería injusto negar los avances. Hemos pasado de un modelo asistencial e institucional a otro que sitúa, al menos sobre el papel, a la persona y su proyecto de vida en el centro de la atención. La gran contradicción es que hemos avanzado mucho más en definir los derechos que en construir las condiciones para garantizarlos.
El Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de 28 de julio de 2022 fijó dos señas del nuevo modelo: unidades de convivencia de 15 personas como máximo y atención libre de sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas, salvo situaciones excepcionales con prescripción facultativa. Lo que no ha avanzado al mismo ritmo son los planes de transición de los miles de centros existentes, la integración funcional con Salud y los estudios de costes que el propio Acuerdo preveía.
Una encuesta-flash multicentros entre direcciones ordena así las preocupaciones actuales, en una escala de 0 a 100: personal disponible (81), financiación (75), administración (64), inspecciones y ACP (50), polivalencia (36), complejidad (35), tiempo y ratios (34) y necesidades sin resolver (26). Llama la atención que la carga administrativa aparezca por delante de la complejidad asistencial: la burocracia ha crecido más rápido que los recursos para absorberla, y lo hace restando tiempo de atención directa.
La financiación sigue siendo el cuello de botella. El estudio de costes del Departament concluyó en 2022 un coste de 2.097,41 € por plaza y mes; actualizado por IPC serían hoy 2.465,59 €. El precio que se aplica es de 2.342,08 €: 123,51 € menos por plaza y mes, y sin beneficio industrial. La ponencia sostiene que concertar por debajo del coste acreditado contraviene la Ley de Contratos del Sector Público, además de ser difícilmente defendible desde el punto de vista ético.
«Sin una financiación honesta y suficiente, cada nueva exigencia que no es medular desde el punto de vista asistencial degrada otra dimensión del cuidado personal.»
Las ratios suben —las gerocultoras pasan de 0,32 en 2023 a 0,43 en 2029, y la atención directa conjunta de 0,39 a 0,51—, pero la complejidad sube más rápido. No es lo mismo un centro con un 20 % de alimentación asistida que uno con un 60 %, y las ratios no se ajustan a los grados, las demencias, la multimorbilidad ni las necesidades paliativas.
Tampoco todo incremento de plantilla se traduce en más atención. Los 11 días de permiso retribuido, en una residencia tipo de 40 trabajadores y 80 residentes con jornada anual de 1.772 horas, equivalen a 117,33 horas por trabajador y 4.693,33 horas en total, es decir, 2,65 trabajadores/año. La ratio efectiva cae de 0,50 a 0,454. Los derechos de la persona dependiente y los de los trabajadores deben avanzar juntos; el problema aparece cuando nadie contabiliza, con visión global, el tiempo asistencial que se pierde por el camino.
El perfil de ingreso también ha cambiado. En 2018-2019, el 25 % de los ingresos tenía una expectativa vital inferior a un año; en 2021-2022 fue el 38,8 %, y entre 2025 y septiembre de 2026, el 40 %. Entre el 20 % y el 26 % de esos casos son éxitus durante el primer mes, y entre el 65 % y el 70 % de las personas que viven en residencias presentan demencias evolucionadas. Si la expectativa de vida al ingreso cambia así, deberían cambiar también los planes de cuidados, el acompañamiento al final de la vida, el trabajo con las familias y la formación de los equipos.
La arquitectura «hogar» no garantiza por sí sola una atención centrada en la persona: puede haber unidades pequeñas con una organización todavía estratificada e institucional. La ACP es cultura, organización y relaciones, no solo espacios.
La ponencia propone mirar dos modelos. Los oasis de cuidados, pensados para las fases terminales largas en las que una habitación individual puede acabar funcionando como una celda de aislamiento social: espacios de 12 a 15 m² por persona, sobredimensionados en asistencia, diseñados para la activación sensorial y con privacidades flexibles. Escuchar el murmullo de otras personas o percibir el olor de la comida reduce de forma drástica el miedo, la agitación y los gritos por desorientación.
Y el profesional universal, el shahbaz de las green houses estadounidenses: una formación ampliada y enfocada a la atención global en un modelo hogar, que combina cuidados clínicos menores y cuidados personales, preparación de determinadas comidas in situ, fomento de la autonomía y cuidado del entorno y de la ropa. Son compañeros constantes y reconocibles, que impulsan actividades con significado y combaten la soledad. Es lo contrario de la estratificación asistencial y del conocido «me toca, no me toca».
El reto ya no es definir cómo deberían ser los cuidados: los profesionales lo tenemos razonablemente claro. El reto es decidir qué residencia —estructura, planificación de cuidados y equipos— necesita una población más longeva y compleja, y financiarla de forma coherente. Las prioridades son cinco: financiación suficiente, profesionales, coordinación sociosanitaria, evaluación por resultados y prevención de la autonomía.
Desde Grup Obert creemos que la primera condición para defender todo esto es llegar con datos. Por eso impulsamos consultas y encuestas propias entre los centros asociados: cuando la conversación con la Administración se sostiene sobre cifras compartidas por decenas de centros, deja de ser una opinión y pasa a ser evidencia.
La atención residencial no es un recurso residual, sino una pieza imprescindible del sistema de cuidados de larga duración. Cuidémosla.

El archivo lo tenéis íntegro en la intranet de grupobert.com